El texto, que había sido previamente aprobado en el Senado, fue rechazado en la Cámara baja por 21 votos frente a 15 debido a la ausencia en el hemiciclo de varios diputados de la mayoría gubernamental, la UMP.

El inesperado resultado de la votación provocó que los parlamentarios de izquierda, contrarios a la norma, se levantaran para aplaudir. El tropiezo en la Asamblea obligará al Gobierno a presentar de nuevo el proyecto aunque el Ejecutivo cree que este hecho sólo retrasará la aprobación unas semanas.

Luchar contra las descargas ilegales

El polémico proyecto de ley sobre la defensa de los derechos de autor en Internet pretende luchar contra las descargas ilegales y contempla la desconexión de los piratas de la Red durante un periodo que puede ir de los dos meses a un año.

En esencia, el texto impulsado por el Gobierno crea una Alta Autoridad para la difusión de obras y protección de los derechos en Internet (Hadopi, según sus siglas en francés) que será la encargada de aplicar una “respuesta gradual” a los internautas que realicen descargas ilegales.

El infractor recibirá primero un correo electrónico, luego un segundo correo acompañado de una carta certificada y, en caso de reincidir, una comisión integrada por tres jueces podrá ordenar que se le corte su acceso a internet durante un periodo de entre dos y doce meses.

El ”pirata” tendrá la posibilidad de negociar que la suspensión se limite a entre uno y tres meses, pero para que no esquive la sanción simplemente cambiando de compañía el texto contempla la creación de un listado de abonados dados de baja por este motivo.

Pagar sin tener servicio

El dispositivo que crea la Hadopi es el que ha generado un mayor debate durante el proceso legislativo de la ley y todavía ayer la comisión mixta paritaria (CMP), formada por siete senadores y diputados mayoritariamente de la UMP, endureció el texto al aprobar una enmienda que obliga al internauta a seguir pagando su abono al proveedor durante el periodo que dure la sanción.

En primera lectura los comunistas se abstuvieron y los socialistas votaron a favor pero el grupo socialista mostró luego su oposición y anunció que recurriría la ley ante el Consejo constitucional basándose en la falta de conformidad con el derecho europeo.

El proyecto gubernamental, negociado con representantes de productores y distribuidores, pretende proteger los derechos de autor al crear un marco jurídico adaptado al desarrollo de la Red, principio que nadie cuestiona.

Pero durante el debate parlamentario han surgido dudas sobre su eficacia y el temor de que, al final, se apruebe un texto que no esté a la altura de los nuevos tiempos que impone la cultura en Internet.

La ministra gala de Cultura, Christine Albanel, rechaza las críticas y las acusaciones lanzadas desde la oposición, que habla de un texto que atenta contra las libertades.

Deneuve y Victoria Abril se desmarcan

Por otro lado, aunque la mayoría de los artistas e intérpretes apoya la normativa impulsada por Albanel, un grupo de ellos entre los que se encuentran las actrices Catherine Deneuve, Victoria Abril o Chiara Mastroianni, se ha desmarcado al considerarla “demagógica, técnicamente inaplicable, ignorante de los nuevos procesos de descarga y puramente represiva”.

“La ley Creación e Internet no se dirige ni al cine en su diversidad ni a los espectadores. Al ser tan sólo un último y vano intento de erradicar la piratería mediante la sanción, sin preocuparse de crear una oferta de descarga legal, accesible y abierta en Internet, no responde a ninguno de los desafíos que plantean hoy las nuevas tecnologías”, señalan los artistas críticos en una tribuna publicada el pasado 7 de abril en ”Libération”.
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